Cuando el Imperio Romano llegaba a una ciudad ocupada y la conquistaba, además de saquearla y capturar a parte de la población, realizaba una destrucción parcial o total de elementos como los edificios públicos, la muralla o los templos. Siglos más tarde, el objetivo en una guerra sigue siendo el mismo: los ciberataques se producen directamente hacía las estructuras más críticas (transportes, hospitales, bancos…), pero el modus operandi ha cambiado: en muchas ocasiones se lleva a cabo de forma digital.
Por eso, en el caso de que se produjeran ciberataques a escala nacional que pudiesen afectar a infraestructuras críticas o a servicios esenciales, habría un plan de contingencia preparado. Es decir, la ciberseguridad en España actualmente está preparada para un contexto como este. Los pilares de esta respuesta se establecen desde el Centro Criptológico Nacional (CNN), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) en mano. De hecho, la propia legislación española ya contempla, a través de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, la ciberseguridad como un espacio de especial interés frente a posibles ataques.
De esta manera, aunque España no se encuentra entre los 3 países con mayor inversión en ciberdefensa (Estados Unidos, Israel y Reino Unido), sí aparece en el top 10 de países, cuyo grado de compromiso en materia de ciberseguridad es muy alto tal como publicó el Global Cybersecurity Index 2024. Por este motivo, España sí cuenta con preparación suficiente y recursos como para resistir un ciberataque, al menos, inicialmente, gracias a sus sistemas de alerta temprana y cooperación internacional. Efectivamente, España al formar parte de la Unión Europea, también se adhiere a las medidas de ciberdefensa promulgadas por esta como la Estrategia de Ciberseguridad de la UE (de 2021), el Reglamento de Cibersolidaridad de la UE o el Plan Director de Ciberseguridad, adoptado hace apenas unos días (junio 2025).
A nivel nacional, anteriormente mencionado, España cuenta con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) que forma parte del Sistema de Seguridad Nacional. Esta sirve como guía para proteger los sistemas digitales de los servicios esenciales (hospitales, energía, transporte, banca, centros de datos) frente a ciberataques; para definir responsabilidades frente a un ciberataque y organizar la coordinación de todos los actores que intervienen cuando se produce un ciberincidente (Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa…); para promover la concienciación de la ciberseguridad a través de campañas de sensibilización y, por último, para fortalecer la cooperación internacional facilitando una respuesta común frente a ciberagresores. Es decir, este elemento asegura que España puede resistir, responder y recuperarse ante ciberamenazas.
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Conscientes de que la ciberdelincuencia tiene como objetivos los datos de cualquier empresa sin importar su tamaño, Kumo ofrece una gama de servicios de ciberseguridad que se actualizan y se amplían de manera recurrente para poder hacer frente a cualquier ciberamenaza. Actualmente son 7 servicios distintos y complementarios entre sí los que se ofrecen desde esta empresa tecnológica y que permiten proteger aplicaciones web, APIs, terminales y entornos.
Con este enfoque integral, Kumo no solo refuerza la seguridad digital de sus clientes, sino que también contribuye al tejido defensivo nacional frente a una amenaza cada vez más sofisticada y global. No solo por su catálogo de servicios, sino porque, al tratarse de una infraestructura crítica, su disponibilidad está protegida y garantizada por ley. Esto implica que, en situaciones de emergencia —como un ciberataque o una crisis energética— tiene prioridad operativa y logística, incluso en aspectos como el suministro de combustible, para asegurar la continuidad de sus servicios. Así, Kumo no es solo un proveedor tecnológico: es un pilar estratégico para las entidades públicas y privadas.
